Asistimos incrédulos al aumento del precio de la vivienda en España, tanto en compra como en alquiler. Ese efecto no se ha trasladado a otros sectores inmobiliarios, pues el mercado de oficinas, locales comerciales y naves industriales mantienen unos precios que apenas se han recuperado de los efectos de la pandemia. Esta es la principal diferencia con respecto al periodo de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo que, debido a una financiación inagotable, produjo un récord de precios en todos los sectores inmobiliarios, no solo en el residencial. ¿Qué ha ocurrido en los últimos cinco años?
Se habla de que cada año hay un déficit de 150.000 viviendas entre las 100.000 que se construyen y los 250.000 hogares que se crean. El cuello de botella se está originando principalmente por la disminución de la oferta de vivienda en alquiler ante la inseguridad jurídica, creada por las medidas del gobierno, que, aunque destinadas a favorecer al inquilino, han generado el efecto contrario. No se puede legislar desde la demagogia, como si estuviésemos permanentemente en campaña. Intervenir el mercado, limitando los precios y los aumentos de la renta y favoreciendo las ocupaciones lo único que hace es expulsar a miles de propietarios que buscan otras salidas para sus pisos, especialmente aquellas que les otorguen mayor seguridad.
Los pisos turísticos apenas suponen el 1 % del total del parque de pisos. Sería muy deseable que hubiera más fondos extranjeros o nacionales que invirtieran en la creación de más viviendas, lo que reduciría el enorme déficit existente
Pretender que la culpa la tienen los pisos turísticos o los mal llamados 'fondos buitres' es apuntar en la dirección incorrecta. Los pisos turísticos apenas suponen el 1 % del total de las viviendas existentes y ojalá hubiera más fondos extranjeros o nacionales que invirtieran en la creación de más viviendas, lo que reduciría el enorme déficit existente.
El aumento de más del 50 % del precio de los alquileres en las grandes ciudades, en los últimos cuatro años ha originado que muchos inquilinos estén apostando por la compra antes que seguir en la inseguridad de no saber si les van a renovar el alquiler y a qué precio. Y esa subida ha supuesto que muchos inversores apuesten por la compra de pisos, pues van a tener una mayor rentabilidad por el aumento de las rentas y de las plusvalías latentes que no cesan.
Todo ello ha originado un efecto dominó con un aumento del número de compraventas y de su precio que en ciudades como Madrid, ha supuesto duplicar los precios máximos en las zonas prime con respecto al 2007.
Fue el gobierno socialista de Felipe González, con la reforma de la llamada ley Boyer, el que liberalizó el mercado de alquiler. Otro gobierno socialista ha sido el que ha vuelto a intervenir el mercado con los efectos ya conocidos
La historia nos recuerda que los mismos errores producen las mismas consecuencias. Así, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 produjo unos efectos contrarios a los deseados. España pasó de ser un país con más inquilinos que propietarios a tener un 80 % de propietarios. La mencionada ley otorgó enormes privilegios al inquilino mlo que motivó una caída en picado del sector del alquiler. Fue el gobierno socialista de Felipe González, con la reforma de la llamada ley Boyer, el que liberalizó el mercado de alquiler. Otro gobierno socialista ha sido el que ha vuelto a intervenir el mercado con los efectos ya conocidos.
Se suele decir que a grandes males grandes remedios. Es fundamental que la vivienda deje de ser el principal problema de los españoles. Para ello resulta imprescindible revertir todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez en los últimos cinco años al objeto de trasladar la inexcusable seguridad jurídica a todos los partícipes del mercado. Debería el Ejecutivo ampliar contactos y atender con mayor interés los intereses e inquietudes del sector, hasta ahora preteridos y hasta ignorados.
Seguridad jurídica, silencio positivo y ventanilla única son puntos de partida para intentar que la vivienda deje de ser un problema nacional y emocional
No puede ser que los ayuntamientos paralicen los trámites urbanísticos y que luego se beneficien con un mayor impuesto de plusvalía municipal. No puede ser que los suelos tarden más de 20 años en ver desarrollados sus proyectos urbanísticos, o que el cambio de uso de un edificio industrial a residencial requiera un plan especial que se puede eternizar. Es imperativo que se instaure un silencio positivo en todos los niveles de la administración como una medida prioritaria. No puede ser que en plena era de la digitalización y de la inteligencia artificial tengamos una administración decimonónica, anquilosada, retardatoria e ineficaz.
La semana pasada estuve con un cliente que se había construido su casa en una pequeña parcela del barrio de Vallecas, y me comentó que había tenido que presentar 63 documentos en 12 organismos oficiales. Seguridad jurídica, silencio positivo y ventanilla única son puntos de partida para intentar que la vivienda deje de ser un problema nacional y emocional. Sueldos bajos y viviendas caras es un cóctel que no nos podemos permitir. Si queremos que nuestros hijos vivan en España, es necesario que entre todos busquemos una solución o se estará fomentando la emigración de las próximas generaciones.